Alcanzar un acuerdo en los diálogos de paz de la Habana jamás supondrá el fin del conflicto. Fundamentalmente porque la guerrilla está dividida y aún están en la selva enfermos criminales, obsesionados por la sangre y el dolor, capaces de visualizar a la mujer como objeto sexual. Aquí está el ejemplo.
lunes, 25 de marzo de 2013
Artículo de Opinión de Sebastián Jaramillo
LA SEGURIDAD COMO BALUARTE DE LA
TRANFORMACIÓN SOCIAL
La seguridad debe ser uno de los mínimos garantizables en cualquier
Democracia. Consterna de manera sobrecogedora la crónica publicada por la
revista Semana acerca de la vereda Chirriadero en el Cauca, sitio donde hace un
año cayese muerto el líder guerrillero de las FARC, Alfonso Cano. Una vez más,
se hace evidente la incapacidad del Estado colombiano para garantizar el
ejercicio del monopolio de la violencia legítima sobre todo el territorio
nacional; mediante la acción coordinada de las fuerzas militares y entidades
estatales encargadas de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, tesis
que con convicción y vehemencia he defendido, guiado por el convencimiento que
el ejercicio de gobierno no tiene aplicabilidad sino es llevado a las regiones
a debatirse directamente con el pueblo que padece los vejámenes de una guerra
que ya lleva décadas infructuosas de sufrimiento.
Pero así se gobierna en Colombia, detrás del escritorio, formulando
soluciones idealistas y alejado de la gente; no de las cabeceras municipales
sino de las recónditas veredas donde el Estado jamás ha hecho presencia, donde
se cree que los niños acuden a clase diariamente por vías pavimentadas y
señalizadas cuando en realidad cabalgan a lomo de mula por trochas entre el
sonar de las balas criminales sin esperanzas de un alimento seguro. Y qué pasa,
que al político que se introduce en esos territorios o lo masacran los grupos
insurgentes o sus enemigos políticos lo acribillan tildándolo de populista. Somos
un país succionado por la envidia entre unos y otros, pobres y ricos, azules y
rojos, blancos y negros, creyentes y no creyentes.
Sin seguridad no existe tranquilidad, y la intranquilidad es la
principal arma que atenta contra el emprendimiento y desarrollo. No es posible
generar progreso cuando se parte de una base social ciudadana aniquilada por el
miedo al secuestro, al atraco, a la violación o a la pérdida de la vida. Sometida
a la aplicación de temor sistemático. Tampoco es posible seguir adelante cuando
el ejercicio de la legítima libertad de expresión de pensamientos y opiniones, consagrada
en el artículo 20 de la Constitución nacional, se ve truncada por el temor a
ser silenciado, cuando en honor a la verdad y justicia se tilde con el
calificativo que fuere a quien lo mereciere.
Estoy totalmente convencido que la educación es uno de los pilares
básicos de la transformación social. Sin embargo, el Estado se equivoca al
considerar que la inyección de recursos a las Universidades Públicas o la
construcción de centros educativos en las urbes son mecanismos de fondo para
garantizar mayores niveles de cobertura y calidad educativa. No son de fondo,
son de forma. Es válido que en 2011 el Ministerio de Educación Nacional
impulsara programas como “Más y mejores espacios escolares” invirtiendo un
presupuesto cercano a $ 123.000 millones para construcción, mejoramiento y
dotación de establecimientos oficiales; es sólo un ejemplo, pero la verdadera
crisis del asunto está en la confianza que tiene nuestra gente en su gobierno,
que al día de hoy no es capaz de garantizarle su seguridad, la problemática es
de falencia de carácter, determinación y credibilidad. Hace unos años, ésta se
estaba recuperando. No es rebajarse al nivel del pueblo, es escuchar de primera
mano sus necesidades y ofrecerle soluciones palpables y estratégicas, que
prevengan la nueva ocurrencia y no sean medidas únicamente paliativas.
Un destacado profesor de mi universidad me dijo alguna vez que “La
política está para defender la vida” y tiene razón si se refiere a una vida
digna, donde se goce de plenas garantías para el ejercicio de las libertades,
disfrute de derechos y cumplimiento de deberes. Pero lamentablemente, ello no
es posible en una sociedad sitiada por el miedo y los ataques de los
narcoterroristas que cohíben al ser humano y lo menguan en sus oportunidades de
desarrollo. Al día de hoy, la política debe hacer uso de la fuerza legítima y
del imperio de la ley para minimizar a los criminales que día a día atentan
contra la vida de civiles inocentes y acuden a prácticas ilegales para su
supervivencia. Estamos en una Colombia donde la hipocresía es símbolo de lucha
por parte de unos alzados en armas que no atendieron al avance sufrido por
latinoamérica en décadas pasadas, hacia un modelo de desarrollo sustentado en
el capital, promoción de la industria, inversión extranjera y liberalización
económica; y que más bien, decidieron vivir en tesis retrogradas y
retardatarias como hoy es evidente.
Tengo la profunda convicción que el avance social debe ser antecedido
por la minimización del accionar de cualquier clase de actor ilegal; y su
sometimiento a la ley que favorezca la reivindicación del Estado Social de
Derecho. De lo contrario, incurriríamos en una especie de derroche de recursos.
Un estudiante no puede asistir a la escuela cuando está amenazado por los
grupos guerrilleros, y un maestro no va a dictar clase si sabe que corre
peligro de muerte. La ecuación es sencilla pero de compleja aplicación,
inversión social amparada por seguridad. Es un prerrequisito absoluto que
requiere del fortalecimiento de nuestra fuerza pública, vigorosa en el
cumplimiento de su difícil deber.
El Gobierno nacional se ha trazado a 2015 alfabetizar a 600.000
colombianos que no saben leer ni escribir, de modo tal que se reduzca la tasa
de analfabetismo a 5,7% de la población mayor de 15 años, disminuyendo
comparativamente en un punto porcentual el 6,7% que existía en 2011. Creo en
ésta política pública y es evidencia del compromiso del ejecutivo, pero resalto
que la inversión social tiene que tener punto de encuentro con la seguridad, ya
que es en ese vértice donde florecerá el árbol de la paz para Colombia, sin
impunidad, con el cumplimiento de la ley y aferrada a los preceptos
democráticos. Mi ánimo no es
guerrerista, refleja el sentir de millones de colombianos cansados de
los abusos y burlas de la guerrilla; que al día de hoy, y sin vergüenza, desea
negociar una paz acomodada a sus necesidades políticas y militares sacando
provecho del en ocasiones, ingenuo escenario internacional.
La seguridad es elemento clave para potenciar el talento. Cuando el ser
humano está tranquilo y confiado se empodera de sus iniciativas y construye
nación a partir de lo que lo apasiona, sobre la base de lo que ama hacer. Es
necesario difundir un sentimiento compartido para superar conjuntamente el
conflicto social que padecemos. Y así entenderemos que al final, todo se reduce
al amor patriótico, dedicación y compromiso hacia nuestra querida Colombia.
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